Situación de las niñas y las adolescentes en Guatemala



La Mesa A Favor de las Niñas y Adolescentes, nos unimos hace diez años para posicionar en la agenda pública las necesidades y problemáticas que afectan a las niñas y adolescentes, promover su participación activa e incidir en el Estado para que sus derechos sean garantizados.

El contexto que rodea la situación de las niñas y adolescentes en Guatemala, plantea innumerables problemáticas, que deseamos hacer notar a la sociedad:

     Según las estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 se registraron 345,149 nacimientos, el 18% (62,536) de ellos fueron de madres entre 10 a 19 años. El 97% de los 62,536 nacimientos corresponden a madres adolescentes de 15 a 19 años y 2.9% (1,805) a madres de 10 a 14 años, ello a pesar de que la legislación nacional tipifica las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años como un delito de abuso sexual.

     
El estudio MILENA, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre el impacto económico del embarazo adolescente en Guatemala, señala que, de las mujeres que fueron madres en la adolescencia, solamente 2% logra un título universitario frente a 9% de quienes fueron madres entre los 20 y los 29 años.

     Las mujeres que fueron madres antes de los 20 años tienden a permanecer más tiempo en el hogar, realizando actividades no remuneradas y, cuando pueden participar en el mercado laboral, encuentran una brecha salarial de 30% respecto a las mujeres que han sido madres en la edad adulta. El impacto económico total del embarazo en la adolescencia en Guatemala sobre la actividad productiva se cuantifica en 1,627.5 millones de quetzales equivalente al 0.28% del Producto Interno Bruto.

     El analfabetismo es uno de los factores de exclusión de mayor impacto en el ejercicio de los derechos de las mujeres. El Censo 2018, reportó que 5.3% niñas y adolescentes entre 10 a 19 años no sabe leer y escribir.

     Las y los adolescentes de 15 a 19 años alcanzan 7 años de escolaridad promedio, pero la brecha en las oportunidades educativas se amplía para las  adolescentes del pueblo maya y las que viven en hogares pobres que solo alcanzan 6.2 años de estudio.

     Según las estadísticas de violencia intrafamiliar, los tipos de violencia más reportados son la violencia física, psicológica y sexual. Alta Verapaz, Guatemala y Retalhuleu registraron en 2,021 el mayor  número de casos de violencia intrafamiliar.  En 2,021, un total de 1,840 mujeres adolescentes de 15 a 19 años y 138 niñas de 10 a 14 años fueron víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar.    El 55% de los casos reportados de violencia intrafamiliar contra niñas y adolescentes corresponden al área rural.

     La inasistencia escolar es un fenómeno que se manifiesta con mayor intensidad entre las niñas y adolescentes. La brecha de géneros que es de tres puntos porcentuales se amplía a diez cuando se considera el género y la situación de pobreza: 21.8% de niñas y adolescentes pobres no asisten a un centro educativo en contraste con el 11.5% entre los niños y adolescentes no pobres. 


Por lo antes expuesto, a las autoridades garantes de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial demandamos:

     Implementación del enfoque de derechos y equidad de género en los programas y políticas públicas implementadas y por implementar.

     Que las y los funcionarios públicos implementen de manera eficiente, eficaz protocolos de atención a la violencia sexua, den seguimiento al Plan Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescente (PLANEA), fortalezcan los esfuerzos para prevenir y atender los embarazos, y los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF).

     Implementar estrategias y acciones directas para mejorar la asistencia y permanencia en las aulas de las niñas y adolescentes. Así como garantizar educación integral en sexualidad como herramienta de protección integral.

     Mejorar la inversión directa en todas las políticas, programas y proyectos relacionados con niñas y adolescentes.

     Agenciar a las niñas y adolescentes de herramientas para conocer sus derechos, así como abrir espacios seguros de participación en la sociedad para que sean sujetas de derechos.