La importancia de la protección de datos es innegable, y en Centroamérica los enfoques varían entre los países. Mientras Costa Rica establece normativas específicas y sanciones, países como Guatemala y El Salvador dependen de marcos legales más generales. Sin embargo, todos reconocen la necesidad de proteger la privacidad en un mundo digital en constante evolución.
En la región centroamericana, la protección de datos se rige por legislaciones similares, influenciadas tanto a nivel regional como mundial por normas internacionales, destacando la normativa de la Unión Europea como punto de referencia común.
La creación y fortalecimiento de leyes específicas en Guatemala y El Salvador se presentan como desafíos y oportunidades para avanzar hacia una mayor seguridad y resguardo de los datos personales en la región.
Costa Rica se destaca por contar con una ley específica que regula la protección de datos, al igual que otros países como Panamá, Argentina, Colombia y Chile. La homogeneización normativa en estos países proporciona un marco coherente para el tratamiento y defensa de los datos personales.
En Costa Rica, según explica Wálter Contreras, Gerente EY Law, un dato personal abarca cualquier información que pueda identificar directa o indirectamente a una persona, desde nombres y direcciones hasta características físicas como imágenes faciales.
La legislación exige la autorización expresa inequívoca del titular de los datos antes de su obtención, estableciendo claramente los propósitos del tratamiento, ya sea para análisis de mercado o envío de información. Existen excepciones, como en el caso de datos de carácter público, donde no se requiere autorización. Además, la legislación costarricense establece sanciones económicas y la posibilidad de prohibir a empresas mantener bases de datos en caso de incumplimiento de las normativas de protección de datos.
A diferencia de Costa Rica, Guatemala carece de una ley específica de protección de datos, lo que plantea desafíos en una economía cada vez más globalizada, según explica Ginny Castillo, Gerente Senior de EY Law, en este país. Sin embargo, convenios internacionales que han sido ratificados por Guatemala, la Constitución y otras leyes ordinarias, como la de Acceso a la Información Pública y el Código Penal, ofrecen cierta protección reconociendo derechos mínimos de inviolabilidad, accesibilidad a la información, y penalizando delitos que representan vulneración a información, documentos, sistemas informáticos o datos.
En El Salvador, por su parte y a pesar de la falta de una ley específica, la Constitución reconoce el derecho a la autodeterminación informativa, explica Elizabeth Tamayo, abogada senior de EY Law en este país.
Tamayo amplía que la Sala Constitucional salvadoreña ha reconocido este derecho a través del proceso constitucional de amparo, estableciendo además que dicho proceso es el mecanismo para ejercer la defensa de los datos personales. Además, diversas leyes, como la de Protección al Consumidor, Comercio Electrónico, Firma Electrónica, y la Ley de Acceso a la Información Pública, imponen obligaciones relacionadas con la protección de los datos personales tanto de parte de entes privados como de la propia Administración Pública.
En
el actual contexto en constante evolución, es imprescindible tener en cuenta el
rápido avance y las mejoras tecnológicas, el uso masivo de datos, las nuevas
tecnologías y la era digital. Estos elementos tienen una enorme capacidad de
transformar la vida económica, política y social a nivel global, por lo tanto,
es imperativo mantenerse informado y adaptarse a estos cambios.
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